Huella verdeDespués de los atentados terroristas 11-M en Madrid en el 2004 y 7-J en Londres en el 2005, Bruselas en el año 2006 legisló una directiva que obligaban a las empresas de telefonía y otras comunicaciones  a almacenar los datos personales de los ciudadanos durante dos años.

Desde el principio de la implantación de esta directiva, los tribunales superiores de justicia Austriaco e Irlandés iniciaron una consulta en el tribunal europeo.

Finalmente el Tribunal de Justicia de la UE invalida esta normativa, vigente durante ocho años, alegando que supone  «injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal» y «sobrepasa el principio de proporcionalidad». Además la directiva no previene los riesgos de abuso de posible utilización de los datos por parte de terceros ni siquiera específica la garantía de destrucción de los datos pasado el plazo de retención de los mismos.

Dicha sentencia anula la directiva europea pero no dicta una nueva ley europea dejando así que sean los estado miembros los que decidan si modifican las leyes nacionales que se crearon para la aplicar la normativa o siguen con la ley vigente. Serán pues las empresas, los consumidores y los ciudadanos los que tengas que apelar a la justicia para revocar dicha ley hasta que el Tribunal Europeo dictamine una nueva normativa de ámbito comunitario.

Esta ley se creó para la investigación de delitos graves pero el sacrificio del derecho a la intimidad y privacidad no es proporcionado con su finalidad. Sin embargo está anulación tiene sus detractores al poner dificultades en la investigación de pederastia o terrorismo, pero también se utilizan para investigación de delitos menores como los de propiedad intelectual, los tribunales tendrán que revisar, caso por caso, la nulidad de ciertas pruebas.

El director de La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en su intervención en “La conservación de los datos de tránsito en las comunicaciones electrónicas” en el año 2006 destacó que los instrumentos de los que dispongan los cuerpos policiales en la lucha contra el crimen deben ser eficaces pero no ilimitados ni utilizarse indebidamente. “Debe buscarse un equilibrio proporcionado con el que se garantice, sin fisuras, que la sociedad democrática y los derechos fundamentales, y en particular la protección de datos, no se vean afectados”

Y recordó “que pese a que con anterioridad a la aprobación de la Directiva el grupo de Autoridades Europeas de Protección de Datos elaboró un Dictamen en el que se recogían las principales medidas para evitar que la norma vulnerase el derecho fundamental a la protección de datos, finalmente este no fue asumido por los responsables políticos a la hora de aprobar la norma” y “la necesidad de establecer cautelas en la transposición de la Directiva a las legislaciones nacionales, para que se respete en todo momento el marco normativo de las leyes de protección de datos.”

Fuentes de información:

Lainformacion.com    El País   El Mundo   Deia   AEPD

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