El Derecho al Olvido es la ratificación sobre internet de los derechos fundamentales de la  protección de datos personales como la oposición y cancelación. Los ciudadanos deben poder dirigirse a los motores de búsqueda de internet para que dejen de difundir datos que les afecten personalmente produciendo una lesión en sus derechos siendo sin base legítima suficiente. No obstante hay que recordar que el Derecho al Olvido, tiene un alcance limitado, no es un derecho absoluto, no es incompatible con las libertades de expresión y de información y su carácter prevalente en las sociedades democráticas, es decir, los casos se estudian independientemente y sólo en el caso de que la información no sea de interés o relevancia pública y constituya un daño al afectado desestimándose aquellas que conciernen a cargos públicos o que la información sea relevante. Por otro lado, no se pide que se modifique la información, sólo que no se difunda a través de los motores de búsqueda quedando así inalterada la información que prevalezca en los archivos y hemerotecas digitales.

La Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, ha atendido un gran número de reclamaciones de los ciudadanos ante la empresa Google, la cual no ha escuchado ni recogido sus demandas sobre la difusión en internet de informaciones carentes de relevancia pública y que les está causando un daño personal.

La AEPD ha venido sosteniendo que la Directiva 95/46/CE y la legislación española de protección de datos son aplicables a las actividades del buscador de internet Google, sobre todo cuando las información que facilita concierne a personas “identificadas” o “identificables” constituyendo tratamiento de datos personales, pero Google ha interpuesto más de 250 recursos ante las resoluciones de la AEPD alegando que su actividad no estaba sujeta a las leyes españolas.

El Tribunal de Justicia de la unión Europea, TJUE, finalmente ha sentenciado a favor de la correcta interpretación de la normativa europea de Protección de Datos (Directiva 95/46/CE) clarificando definitivamente el grado de responsabilidad de los motores de búsqueda en relación con la protección de datos personales, poniendo término a la desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia.

En la sentencia de El Tribunal de Justicia de la unión Europea establece que:

– La actividad de los motores de búsqueda como Google constituye un tratamiento de datos de carácter personal, del que es responsable el propio motor, dado que éste determina los fines y los medios de esta actividad.

– Ese tratamiento está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, dado que Google ha creado en un Estado miembro un establecimiento para la promoción y venta de espacios publicitarios y cuya actividad se dirige a los habitantes de ese Estado.

– Las personas tienen derecho a solicitar del motor de búsqueda, con las condiciones establecidas en la Directiva de protección de datos, la eliminación de referencias que les afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho editor haya solicitado su desindexación. En caso de no atenderse su solicitud, las personas tienen derecho a recabar la tutela de la AEPD y de los Tribunales.

– El derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con carácter general, sobre el “mero interés económico del gestor del motor de búsqueda” salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por el interés público.

Como ha declarado José Luis Rodríguez Álvarez, Director de la Agencia, “confiamos en que esta sentencia marque un punto de inflexión en la conducta de la empresa Google y que, a partir de ahora, cumpla con la normativa europea de protección de datos y respete los derechos de los ciudadanos”.

Fuente de información: Nota de Prensa de la Agencia Española de Protección de Datos y Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo

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